Once días llevan varados entre la frontera de Nicaragua y Costa Rica más de 500 nicaragüenses que retornaban a su país de origen procedentes de Panamá y Costa Rica, ante el deterioro de las condiciones económicas de ambos países a consecuencia de la COVID-19.  Su ingreso a Nicaragua no ha sido posible porque el régimen de Daniel Ortega les exige portar una prueba de coronavirus con resultado negativo, aduciendo esto como un requisito de ingreso a sus nacionales en una clara violación de derechos humanos de acuerdo con el derecho internacional.

Cabe recordar en territorio nicaragüense el gobierno de Ortega no ha aplicado ninguna medida de restricción a la movilidad de las personas ni ha decretado aislamientos preventivos ante la pandemia. Las medidas y recomendaciones han sido tomadas por la población misma en una especie de auto-cuarentena y siguiendo recomendaciones internacionales.

Una situación similar a la de la frontera con Costa Rica sucede al norte de Nicaragua, en la que otro grupo de 80 nicaragüenses se encuentran en el puesto fronterizo El Florido, entre Guatemala y Honduras, a la espera que las autoridades de migración hondureñas les permitan el paso hasta la frontera de El Guasaule para lo que requieren -según aducen- la autorización del régimen de Ortega en Nicaragua.

En ambos casos ponen a estos migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia de COVID-19. Además, si en ambos grupos hubiera población afectada por el COVID-19 es responsabilidad del Estado de Nicaragua tutelar el derecho de salud de sus connacionales. El artículo 55 de la Constitución nicaragüense garantiza a todas las personas, nacionales y extranjeras la libre movilidad en el territorio nacional. El caso de la frontera con Costa Rica ha sido repetitivo, no solamente con los varados en Honduras y Guatemala sino también en islas del caribe que tenían prohibido el ingreso.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a prestar atención con lo que está sucediendo en ambas fronteras nicaragüenses y que claramente implica violaciones de derechos humanos a distintos grupos poblacionales entre ellos niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores que son partes de esta población que retorna en busca de protección y atención social y es obligación del Estado proveerles.