Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de las Civilizaciones (Ginebra, Suiza). Foto: AFP

Por: Activistas nicaragüenses

Pese a las campañas de desprestigio, deslegitimación y cancelación de 9 personerías jurídicas en 2018, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, conformada por más de 100 organizaciones con presencia en todo el país, presentó en la 33va Presesión del Mecanismo Examen Periódico Universal (EPU), Cinco Recomendaciones sobre el Derecho a la Libertad de Asociación y el Ambiente Habilitante para las organizaciones de sociedad civil en el país.

Nuestras organizaciones, entre cuyos roles ha estado y sigue estando la fiscalización de la gestión pública y la defensa de derechos de la ciudadanía, hemos sido atacadas y criminalizadas por el Estado de Nicaragua. Tal como se informó en 2017 en el CIVICUS Monitor, Nicaragua pasó de la calificación de obstruido el espacio cívico, hasta hoy que es Represivo para las organizaciones, y Cerrado para las 9 ONG que se nos canceló la personería jurídica en 2018.

En 2014, el Gobierno de Nicaragua aceptó asegurar que las organizaciones de la sociedad civil fueran libres de expresar sus puntos de vista y opiniones, incluidas las garantías de sus derechos a la libertad de reunión, tal como lo recomendó Alemania. Asimismo, se ha censurado a las organizaciones de la sociedad civil para que no expresen sus opiniones libremente sobre las políticas del Gobierno, no implementando la recomendación dada por Países Bajos, y en cambio se ha cerrado programas de radios y medios de comunicación propios de las Organizaciones de Sociedad Civil. Solo algunos periodistas y medios de comunicación social, locales y nacionales, que aún sobreviven a la asfixia económica y a la violencia estatal, han sido las únicas vías para expresar libremente nuestros señalamientos sobre las políticas del Gobierno. El hostigamiento y la vigilancia permanente de los grupos para-estatales y de la Policía Nacional alrededor de nuestras oficinas y viviendas, esta campaña ha incluido el secuestro del personal para interrogatorios ilegales, violenta interrupción a nuestras actividades sin orden judicial, la violación del derecho al trabajo, y hasta el exilio forzoso de directivos/as y personal de estas organizaciones (como es mi caso). De modo que tampoco se implementó la tercera recomendación brindada por Italia.

Recomendamos al Estado de Nicaragua incorporar como garantías mínimas las siguientes acciones

1. Resolver favorablemente los Recursos de Amparo y por Inconstitucionalidad introducidos por las 9 ONG que fueron arbitrariamente despojadas de su Personalidad Jurídica restituyendo de esta manera sus bienes y el derecho de libertar de asociación.
2. Reglamentar la Ley No. 147 sobre personas jurídicas sin fines de lucro con participación activa y efectiva de las OSC y sus plataformas de articulación.
3. Eliminar las restricciones injustificadas sobre la libertad de asociación de la Ley No. 977 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de conformidad con los artículos 21 y 22 del PIDCP.
4. Modificar la Ley No. 919 de Seguridad Soberana para garantizar el libre ejercicio del derecho a la reunión y movilización de conformidad con los artículos 21 y 22 del PIDCP.
5. Suspender las presiones y restricción a los cooperantes internacionales, para que las ONG restituyan su derecho al acceso de los recursos financieros y poder desarrollar su trabajo en el país.

Pese que el EPU no representa un mecanismo de denuncia ni condena internacional, evidencia la falta de compromiso de los Estados para mejorar en materia de Derechos Humanos. “Debemos de seguir presionando en todos los espacios internacionales para garantizar los Derechos Humanos en el país. El Examen Periódico Universal a diferencia de otros instrumentos es una evaluación sistemática, cada 4.5 años, de los Derechos Humanos que permite ir documentando los avances, los estancamientos o los retrocesos que tienen los Estados, y precisamente por esto es que es primordial”.

Junto a las organizaciones de sociedad civil de Nicaragua están participando de esta 33va Presesión del EPU, organizaciones de Republica Democrática del Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Catar, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Albania, Portugal, Noruega, Bhutan, República Popular Democrática de Corea y Brunei Darussalam.