El siguiente artículo está basado en el informe que alimentó la plataforma Monitor de CIVICUS para el periodo de abril 15 de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. Con este artículo se busca hacer un seguimiento a la situación de la libertad de asociación, manifestación pacífica y libertad de expresión en Nicaragua desde las denuncias hechas por la sociedad civil en este país.
Tras dos años del comienzo de las protestas civiles en Nicaragua, reprimidas por el gobierno de manera brutal y que provocaron una crisis sociopolítica y de derechos humanos, la Unidad Nacional Azul y Blanco presentó un informe que muestra que el régimen de Daniel Ortega aumentó la represión policial contra la oposición durante el fin de semana del 18 y 19 de abril, en el contexto del segundo aniversario del comienzo de las protestas civiles. Según la información proporcionada, un asesinato, más de 40 informes de asedio, represión, amenazas y detenciones ilegales de ciudadanos de la oposición fueron reportadas solo en esos dos días.
En el informe se habla del asesinato del líder opositor Félix Lacayo en la tarde del sábado 18 de abril. El líder campesino fue asesinado con un cuchillo mientras estaba de compras. Medardo Mairena, líder campesino en una conferencia de prensa, dio a conocer que más de 130 campesinos han sido asesinados por oponerse al régimen de Ortega y que estos asesinatos de opositores en el campo han sido considerados como selectivos.
A su vez, desde el 15 de abril la organización de la sociedad civil Asociación Madres de Abril (AMA) ha denunciado que varios de sus miembros están siendo objeto de hostigamiento, asedio y ataques policiales en sus hogares y violación de sus derechos a la libertad de movimiento.
A estos hechos se le suman que el 20 de abril la policía reprimió a la comunidad de la isla de Ometepe mientras un grupo de jóvenes marchaba con banderas para conmemorar el segundo aniversario de la rebelión de abril. Según declaraciones de testigos, la policía antidisturbios y grupos paramilitares llegaron disparando y lanzando bombas lacrimógenas alrededor de la comunidad de Esquipulas. Durante este ataque, la policía detuvo arbitrariamente a aproximadamente nueve jóvenes y dos personas identificadas como Yudran Romero y Engel Mora López resultaron heridas. La policía informó que Leyla Mora Martínez, Geancarlos Mora, Manuel López, Junior Flores Mora y Yader Flores están detenidos y serán remitidos para juicio. La policía también irrumpió en una casa, golpeó y detuvo a Vilma Calero, de 74 años, Héctor Andrés Marenco Calero, Ixpcelth Marenco, Matilde Morales y Verónica Vargas.
Por otra parte, la Comisión Internamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los despidos arbitrarios del personal médico y de salud por proporcionar información y criticar la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19. La CIDH considera que estas acciones violan los derechos de los denunciantes y sus familias y también perjudican los intereses de la comunidad.
En una entrevista con CNN, Luz Talavera dijo que considera que la causa de su despido es su posición crítica del gobierno de Ortega y su participación en marchas de oposición en 2018. Además, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó en un comunicado despido arbitrario del director del centro de salud, Miguel Ángel Orozco, y otros tres profesionales. La organización advirtió que el pueblo de Nicaragua está siendo privado de los criterios científicos que hoy se necesitan más que cualquier profesional para contribuir a la lucha de los COVID-19.
