#DerechosBajoFuego El siguiente artículo está basado en el informe que alimentó la plataforma Monitor de CIVICUS para el periodo de noviembre de 2019 hasta el 9 de enero de 2020. Además, se busca hacer un seguimiento a la situación de la libertad de asociación y de expresión en Guatemala desde las denuncias echas por la sociedad civil en este país.
El panorama de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala es alarmante. En el último mes de 2019 se presentaron casos de ataques y criminalización del trabajo de algunos de ellos y ellas en el país centroamericano. La Asociación Somos Jóvenes Diversos, organización cuya labor es proteger y promover los derechos de la comunidad LGBTIQ, fue víctima de este entorno de violencia contra la sociedad civil cuando desconocidos allanaron ilegalmente sus oficinas y robaron bienes y documentos pertenecientes a la asociación. Este allanamiento tuvo lugar el 18 de diciembre, horas antes de que los y las jóvenes de SOMOS junto con la diputada Karina Paz presentaran un proyecto de ley para reforzar las penas por el delito de discriminación por motivos de orientación sexual. La Asociación repudió el incidente y pidió a las autoridades competentes que investigaran con prontitud y llevaran a los responsables ante la justicia. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala expresó su preocupación por lo ocurrido y llamó a las autoridades para que investigaran e identificaran a los responsables.
Esta situación de criminalización también se evidencia con el caso del defensor y activista indígena maya q’anjob’al Francisco Lucas Pedro quien fue acusado de los delitos de terrorismo, coacción y amenazas, incendio intencional, actividad contra la seguridad interna de la nación, terrorismo y secuestro, detenciones ilegales y ataques a la seguridad. El activista indígena fue encarcelado en el departamento de Huehuetenango el pasado 21 de diciembre. Prensa Comunitaria, medio de comunicación independiente donde trabaja Lucas Pedro, describió este arresto como una detención política debido a que Lucas Pedro en el 2016 lideró la resistencia Barillas que logró que un proyecto hidroeléctrico dirigido por la empresa española EcoenerHidralia S.A Hidro Santa Cruz se detuviera. La empresa española actuaba por medio de su subsidiaria guatemalteca Hidro Santa Cruz, la cual en el 2016 inició un proceso legal contra este defensor del agua.
La líder indígena y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, exigió la liberación inmediata de su compañero maya, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala se unió a este llamado de la lideresa guatemalteca y supervisó la situación. Finalmente, el 3 de enero, un juez guatemalteco ordenó la liberación del activista Lucas Pedro dado que los cargos en su contra nunca fueron ratificados y además debido a una decisión judicial no contaban con validez desde 2016.
La existencia de estos alarmantes casos de criminalización se ven reafirmados con las cifras presentadas por la Unidad para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (UDEFEGUA) sobre los diversos ataques contra las personas defensoras de derechos humanos en el país entre enero y diciembre de 2019. El registro dejó un total de 462 agresiones, 15 asesinatos y 5 intentos de asesinato. Con esta cifra, 2019 fue el cuarto año más violento para los defensores en los 19 años que se ha elaborado este informe. Es un caso preocupante dado que en muchos casos los funcionarios del más alto nivel del país son quienes han promovido la criminalización de la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos.
Las cifras también muestran 312 actos de criminalización, seguidos de 253 actos de difamación, 34 denuncias judiciales infundadas, 21 detenciones ilegales y 4 detenciones arbitrarias.
No solo quienes protegen los derechos humanos han sido víctimas de esta represión desde el poder ejecutivo, sino también las personas que trabajan en prensa. El Observatorio de la Asociación de Periodistas de Guatemala publicó su informe anual sobre la libertad de expresión, el cual describió al 2019 como uno de los años con más ataques a los periodistas. La organización destacó que el mandato de Jimmy Morales terminó con importantes reveses para la libertad de expresión.
El Presidente Morales durante su mandato tuvo una actitud de confrontación contra los y las periodistas que investigaron posibles irregularidades que sucedían durante su mandato. Además, en varias ocasiones utilizó a las fuerzas de seguridad para intimidar a quienes llevan a cabo esta labor. Esta actitud del expresidente hacia la prensa se evidenció durante un evento que tuvo lugar el pasado 8 de enero, cuando Morales se enojó con un periodista del diario La Hora cuando el reportero le hizo una pregunta sobre la decisión de Estados Unidos de enviar a ciudadanos mexicanos a Guatemala como parte del Acuerdo de Asilo (ACA). El entonces presidente respondió a esta pregunta con la siguiente frase “Si es tan machito, pregúntele a los Estados Unidos”.
Con las cifras entregadas por el Ministerio Público se puede detallar lo preocupante que es la situación de quienes trabajan en los medios pues el 37% de las denuncias registradas que hicieron periodistas eran por amenazas. Según el informe de la Unidad de Delitos contra Periodistas se reportaron 65 denuncias en 10 meses, entre enero y octubre del 2019. Las denuncias incluían 13 delitos, entre ellos amenazas, abuso de autoridad, coacción, lesiones leves, robo, detención ilegal y falsedad material.
Teniendo en cuenta la situación angustiante que se ha descrito anteriormente, Guatemala decidió tomar medidas al respecto y el 6 de diciembre creó la Fiscalía de la Sección para hacer frente a los ataques contra periodistas y comunicadores. Aun así, para algunas autoridades y organizaciones en el país, esta institución no es suficiente para poder contrarrestar la violencia que ya existe contra los y las periodistas. Según el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, la falta de voluntad política ha llevado a que estos crímenes contra los periodistas sigan impunes por eso es necesario la creación de una ley que se encargue específicamente de investigar y esclarecer los crímenes contra los comunicadores debido a que este gremio es una de las principales víctimas de ataques.
