La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia -REDLAD expresa su profunda preocupación ante la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de ordenar la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, pese a que existen sanciones administrativas y denuncias penales en su contra, incluyendo investigaciones por presunta organización criminal, tráfico de influencias y usurpación de funciones.Advertimos los siguientes riesgos:Ruptura institucional: La restitución de Benavides ha generado una crisis en el Ministerio Público, con episodios de ingreso forzado y tensiones internas, evocando etapas de captura de instituciones en la historia reciente del país.Vulneración constitucional: Diversos actores, como el Colegio de Abogados de Lima, han señalado que la decisión de la JNJ es inconstitucional, pues la designación y remoción del Fiscal de la Nación corresponde exclusivamente a la Junta de Fiscales Supremos, no a la JNJ.Posibles delitos: La reposición podría configurar delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, tanto por parte de la JNJ como de la propia Benavides, quien habría intentado ejercer el cargo sin haber sido formalmente restituida.Resaltamos el grave impacto que tendría esta situación sobre la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema de justicia, considerando que Benavides enfrenta investigaciones por favorecer a su entorno y por supuestos actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
Exhortamos a las instituciones peruanas a:
- Respetar el orden constitucional y los procedimientos legales en la designación y remoción de altas autoridades del Ministerio Público.
- Garantizar la independencia del sistema de justicia y evitar cualquier intento de control político sobre sus órganos clave.
- Abstenerse de ejecutar resoluciones que no cuenten con el debido proceso y que puedan agravar la crisis institucional.
Por lo anterior, instamos a la comunidad internacional y a la sociedad civil peruana a mantenerse vigilantes ante cualquier vulneración de la democracia y el Estado de derecho, y a respaldar los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
17 de junio de 2025
- Cabe señalar que, de acuerdo con un criterio previamente establecido por el propio Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) requiere una votación unánime de sus siete integrantes (inanidad) para adoptar decisiones de esta naturaleza. Sin embargo, en este caso solo se contó con seis votos, ya que el magistrado Francisco Távara Córdova se abstuvo de participar por considerar el acuerdo equivocado.
