Foto: El Faro – Carlos Barrera
Desde que el presidente Nayib Bukele le pidiera a la Asamblea de El Salvador decretar el Estado de excepción la crisis de derechos humanos ha ido en aumento. Al contar con las mayorías no fue problema su inmediata aprobación, ya que es un órgano legislativo con una ausencia preocupante de control político hacia el gobierno y ha sido criticado ampliamente por aprobar, sin mayores reparos, las propuestas del mandatario.
El ejecutivo salvadoreño ha optado por tomar las medidas más radicales para contrarrestar la ola de violencia que ha estado viviendo su país en las últimas semanas. El homicidio, por ejemplo, se incrementó a niveles insospechados, el fin de semana pasado al menos 80 personas fueron asesinadas en distintas partes del país, presuntamente por miembros de pandillas.
No obstante, diversos sectores de la ciudadanía y de organizaciones de sociedad civil salvadoreñas como del continente nos hemos mostrado profundamente críticos y preocupados por lo que significa esta medida y por las actuaciones de los últimos días.
📢 80+ personas fueron asesinadas en #ElSalvador 🇸🇻 este fin de semana, por lo que el Presidente Bukele decretó un #RégimenDeExcepción que suspende algunos derechos constitucionales
🌐Lee lo que han dicho 70 orgs internacionales, entre ellas, Redlad:https://t.co/qNMJawxrWh
— REDLAD 🌎 (@REDLADoficial) March 31, 2022
Por un lado, el Estado de excepción significa, en pocas palabras, la anulación de la libertad de reunión, el derecho a un abogado defensor; extender la captura por 15 días sin acusación formal; el establecimiento de estados de sitio focalizados y la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición a la intervención de llamadas telefónicas. Y por otro, la forma en que el gobierno maneja la política carcelaria, ya que ha demostrado no respetar los mínimos estándares en derechos humanos sobre personas privadas de la libertad y, al contrario, ha incentivado tratos inhumanos.
A las críticas por lo anterior, el presidente Bukele ha optado por estigmatizar e insinuar que el trabajo en defensa de los derechos humanos que hacemos muchas organizaciones “no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos”, como afirmó en un tuit respondiendo a Carolina Jimenez Sandoval, presidenta de The Washington Office on Latin America (WOLA).
Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre.
Dígame cuántos miles de pandilleros va a llevarse, para que los traten como reyes allá. https://t.co/uSpY0nXlv1
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 29, 2022
En ese mismo sentido, criticó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó preocupada por las medidas en contra de las personas privadas de la libertad.
Ya salió la CIDH a defender a los pandilleros.
Pero ni una sola palabra sobre las víctimas de estos asesinos.
Queda claro de que lado están.
Los países deberíamos de evaluar retirarnos de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo. https://t.co/7Al3y6rhlo
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 29, 2022
Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):
- Exigimos al gobierno del presidente Nayib Bukele parar la estigmatización en contra de las organizaciones de sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y organismos internacionales que velan por la protección de éstos, ya que sus sucesivos pronunciamientos ponen en peligro su trabajo, vida y integridad.
- Exhortamos a la comunidad internacional, en especial al Sistema Interamericano de Derechos y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a rechazar tanto el maltrato del gobierno Bukele contra la sociedad civil como las medidas que está tomando en el marco del Estado de excepción, toda vez que viene vulnerando los estándares y tratados internacionales sobre derechos humanos.
- Manifestamos nuestro rechazo al uso de la violencia por parte de grupos criminales y nos solidarizamos con las familias víctimas y comunidades y con toda la población que sufre esta criminalidad. Reafirmamos su derecho a vivir en paz y libres de violencia.
La democracia en El Salvador está altamente en peligro si el presidente Bukele insiste en no permitir la crítica y la protesta legítima, como mandan las leyes y sus compromisos internacionales.
