Foto: EFE/Martín Alipaz – Fotografía de archivo de una marcha de activistas contra la violencia a la mujer en La Paz
La violencia de género y machista sigue cobrando víctimas en toda la región. Según diferentes fuentes oficiales de varios países de América Latina y un estudio publicado en noviembre de 2022 por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL durante 2021 se registraron más de 4.000 feminicidios en toda la región, y el delito no desistió durante 2022. Una cifra alarmante que incluso tiene un alto índice de subregistro porque la mayoría de las mujeres no denuncian por temor o los sistemas judiciales no atienden de manera eficaz y oportuna sus casos.
Sin lugar a dudas, esto debe ser una prioridad para toda la sociedad civil del hemisferio, pero sobre todo para los Estados y sus gobiernos que son en últimas los que, por medio del Poder Judicial, deberían garantizar la protección y la reparación de las víctimas.
Según el mencionado informe del Observatorio cepalino, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolivia y Brasil son los países más inseguros para las mujeres, pero también destacan tristemente otros en los últimos meses como Argentina, Colombia, México y Ecuador. En cada uno de ellos las cifras en violencia de género son alarmantes y van cada año en aumento.
Según la Encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres de Argentina, casi la mitad de las mujeres de ese país reporta haber sufrido alguna vez algún tipo de violencia de género. Además, el registro de la Corte Suprema de Justicia advierte que cada 35 horas hay un feminicidio, en los cuales en la mayoría la víctima conocía al victimario. Mientras tanto, también en el Cono Sur, Chile registra 44 feminicidios en 2021, 43 en 2022 y cerca de 178 frustrados este último año, según el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Por su parte, en Brasil un tercio de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidios de los más de 1.000 que se han registrado anualmente entre 2021 y 2022. Mientras tanto, Colombia y Ecuador registraron cifras de 827 y 332, respectivamente durante el año pasado.
Lo que agrava aún más la situación son los altos índices de impunidad en los casos, sobre todo cuando en muchas ocasiones las víctimas han denunciado otro tipo de violencias, previo a ser asesinadas. Por lo tanto, se hace necesario señalar que el mismo Estado está conculcando los derechos de las mujeres, sobre todo el de la vida al no desplegar políticas y acciones para su especial protección.
Toda esta situación que atenta contra la vida y la integridad de las mujeres ha despertado no sólo una ola de indignación y denuncias de los movimientos de mujeres y feministas de todos los países de la región sino que, además, en muchos de ellos se ha solicitado a las autoridades nacionales la declaración de una emergencia nacional para combatirla de manera más eficaz, como son los casos puntuales de México y Colombia en el que incluso mujeres congresistas y líderes de opinión se han sumado a tal llamado.
Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):
- Exhortamos a los gobiernos y sistemas judiciales a tomar medidas urgentes, eficaces y oportunas para combatir la violencia de género, especialmente el feminicidio. Esto es garantizar procesos seguros y expeditos de denuncia y protección para las mujeres.
- Sugerimos considerar la declaración de una emergencia nacional por violencia de género, toda vez que estos delitos están sistemáticamente vulnerando la vida y los derechos de, en muchos países, la mitad o más de su población.
- Exigimos que se tomen las medidas necesarias para combatir la impunidad manifiesta en la mayoría de los casos de feminicidio y violencia de género en todos los países.
- Exhortamos a los gobiernos de cada país de la región a adelantar políticas públicas tendientes a generar cambios culturales profundos que ayuden a eliminar la violencia machista y a promover la igualdad de género.
- Finalmente, nos sumamos a la recomendación del informe de la CEPAL cuando afirma que “producir información estadística de calidad (…) requiere ir más allá del conteo del número de víctimas” y “para que la información sirva al diseño de políticas públicas integrales (…), es importante conocer una serie de datos clave, como las características de las víctimas y los agresores, su relación, los contextos en que se desarrollaron estos delitos, el medio utilizado para causar la muerte y si la víctima había presentado alguna queja previa contra el agresor, entre otros”.