• Democracias consolidadas como Argentina y Estados Unidos muestran signos de deriva autoritaria y su espacio cívico desciende a la categoría de “obstruido”. Por su parte, El Salvador continúa su declive y desciende a la categoría de “represivo”
• En al menos nueve países de la región se documentaron asesinatos de activistas. Al mismo tiempo, las detenciones arbitrarias, criminalización y campañas de desprestigio contra personas defensoras de derechos humanos aumentan
• La libertad de expresión sigue siendo la más vulnerada, con crecientes ataques a periodistas y amenazas en el entorno digital

CIVICUS Monitor anunció este martes que 16 de los 35 países de las Américas restringen las libertades cívicas, según un nuevo reporte. Esto se traduce en que casi el 90 % de la población en el continente vive en entornos donde el espacio cívico está bajo presión. La situación refleja el aumento de los ataques contra periodistas, la detención y el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y el uso de fuerza excesiva durante las protestas.

El informe Poder ciudadano bajo ataque 2025 destaca en particular el deterioro de democracias consolidadas que están mostrando señales de una rápida deriva autoritaria, marcada por el debilitamiento del Estado de derecho y crecientes restricciones a la sociedad civil independiente. Argentina y Estados Unidos ejemplifican este cambio. El espacio cívico de ambos países fue rebajado este año a la categoría “obstruido”, lo que refleja que las autoridades imponen restricciones legales y prácticas que limitan el pleno disfrute de las libertades fundamentales. El Salvador también experimentó un retroceso y fue clasificado como “represivo”.

Estos tres países se suman a otros 12 a nivel global que descienden de categoría, incluyendo Alemania, Burundi, Francia, Georgia, Liberia, Madagascar y Sudán. En la región, destacan Cuba, Nicaragua y Venezuela, situadas en la categoría de espacio cívico cerrado.

“El retroceso del espacio cívico en las Américas refleja cómo los gobiernos hacen uso de los estados de excepción, la militarización y la criminalización para reprimir”, señala Ana María Palacios Briceño, investigadora para las Américas de CIVICUS Monitor. “Pero también exhibe la fuerza de la sociedad civil que, desde los campus universitarios hasta los territorios indígenas, defienden y sostienen derechos frente al avance del autoritarismo”.

Un retroceso generalizado

La libertad de expresión sigue siendo la más vulnerada. Desde 2018 figura entre las cinco violaciones más frecuentes, reflejando un clima hostil para los medios y un riesgo creciente para periodistas. El riesgo aumentó especialmente durante procesos electorales; por ejemplo, en Bolivia, durante las elecciones de agosto de 2025, al menos 20 reporteros fueron agredidos y una periodista fue seguida e interrogada por la policía.

La investigación subraya que las amenazas sobrepasan las fronteras nacionales. El asesinato en junio de 2025 del crítico nicaragüense Roberto Samcam Ruiz en Costa Rica muestra el alcance de la represión. La persecución política ha forzado a muchos al exilio regional, aunque no siempre los protege. En octubre, el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche Arteaga, ambos exiliados venezolanos, fueron atacados a tiros en Colombia. Casi la mitad de las amenazas contra periodistas ahora suceden en el entorno digital.

El informe también señala un deterioro acelerado del espacio cívico en Ecuador y Perú. En el primer caso, bajo el gobierno de Daniel Noboa, se promueven leyes que amenazan a la sociedad civil, se ha usado fuerza excesiva contra protestas lideradas por el movimiento indígena y la recurrencia de estados de emergencia ha restringido libertades fundamentales. Por su lado, en Perú, el Congreso ha aprobado normas que limitan aún más las libertades (como medidas desproporcionadas y punitivas para las organizaciones de la sociedad civil y amnistías por graves violaciones a los derechos humanos), mientras que aumenta la violencia contra activistas y periodistas.

Riesgos extremos por defender derechos

Las detenciones de personas defensoras de derechos humanos ingresaron por primera vez en las cinco principales violaciones de la región, con casos registrados en al menos 12 países, incluidos Argentina, Cuba, Dominica, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, México, y Paraguay y Venezuela. Las autoridades están abusando cada vez más del derecho penal para etiquetar a activistas como “criminales”, “enemigos” o “terroristas”, utilizando cargos vagos, campañas de desprestigio públicas y detenciones preventivas prolongadas para silenciarlas, contrarias a las garantías judiciales..

En 2025, las Américas vuelven a encabezar la trágica lista de las regiones más mortíferas del mundo para las personas defensoras de derechos humanos. En al menos nueve países (entre ellos Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú) se documentaron casos de activistas asesinados por su labor, con un impacto especialmente devastador para quienes defienden el medio ambiente,   los derechos LGBTQI+ o de la democracia.

“En las Américas, defender la tierra y el territorio es una tarea de alto riesgo. Los Estados deben redoblar esfuerzos para implementar el Acuerdo de Escazú de manera efectiva; es imprescindible para romper este ciclo de violencia e impunidad”, apunta Palacios Briceño.

Notas para los editores:

CIVICUS Monitor es una herramienta de investigación que proporciona datos cuantitativos y cualitativos sobre el estado de la sociedad civil y las libertades cívicas en 198 países y territorios. Los datos se generan a través de la colaboración con más de 20 socios de investigación de la sociedad civil e insumos de diversas evaluaciones independientes de derechos humanos. Los datos son la base para las calificaciones del espacio cívico, que clasifica a los países como ‘Cerrado’, ‘Represivo’, ‘Obstruido’, ‘Estrecho’ o ‘Abierto‘.