La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), sobre la vacancia de la Presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, señala lo siguiente:
- La vacancia es resultado de una crisis institucional estructural en los partidos políticos de Perú, que rehúyen poner filtros adecuados para garantizar personas idóneas en la política.
- Refleja la decadencia de los valores democráticos promovidos por la Carta Democrática Latinoamericana y los marcos legales internacionales de derechos humanos (OEA y ONU), los cuales fueron dañados y desacreditados durante casi tres años de gobierno de la ex presidenta.
- Denuncia la instrumentalización del recurso jurídico de la vacancia por incapacidad moral, que debe ser un mecanismo excepcional y claramente regulado por las leyes internas, como herramienta utilizada por las fuerzas políticas antidemocráticas presentes en la política peruana en la última década.
- Evidencia el debilitamiento de la institucionalidad democrática, derivado del control creciente que los poderes Ejecutivo y Legislativo han ejercido sobre las instituciones de contrapeso, especialmente el sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia), buscando impunidad.
- Critica el impacto de la corrupción en el poder político vigente, junto al incumplimiento de funciones básicas gubernamentales como la seguridad ciudadana, y la instrumentalización de las fuerzas armadas y policiales para garantizar la impunidad y reprimir derechos ciudadanos como la protesta pacífica y la asociación.
- Expresamos también nuestra profunda preocupación por la idoneidad de quien asuma la presidencia durante esta vacancia. El proceso de sucesión debe garantizar transparencia, legitimidad y respeto al orden constitucional, evitando cualquier intento de concentración de poder o deriva autoritaria que agrave la crisis democrática en el país.
- Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas a reencauzar el país en la senda democrática, garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática, con plena inclusión y respeto hacia la población.
10 de octubre de 2025
