El 19 de junio pasado, la directora ejecutiva de Redlad participó en el IV foro de Organizaciones de mujeres de las Américas, organizado por Somos Lideresas, con apoyo de la Secretaría de Cumbres de la OEA y la Embajada de Canadá en Washington DC.
El evento contaba con cuatro paneles para discutir temas asociados a los cinco acuerdos que surgieron en la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles en junio del 2024.
Gina participó en el primer panel, “El impacto de los mandatos de la Cumbre de las Américas en las mujeres y niñas”, junto a Elvia Ramírez (Mex) y Terry D. Ince (TyT), y fue moderado por Leena Bernuy (Per).
A continuación, compartimos las principales notas de su intervención en los dos temas centrales del panel:
a. Limitante de los países para cumplir a cabalidad el mandato de las cumbres
Las Cumbres tienen demasiados mandatos.
Tras cada Cumbre, se suman nuevos, con nuevas complejidades, y sin real seguimiento a qué ha pasado en las Cumbres pasadas.
Por ejemplo, en la Cumbre realizada en Lima en el 2018 se adquirieron 57 mandatos/compromisos sobre Corrupción, que era el tema central. En la Cumbre de Los Ángeles del 2022, se adquirieron 106 mandatos de cinco temas diferentes (220 si se incluyen sub-mandatos). Tan solo en el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, hay 20 mandatos que están asociados a corrupción, ética y transparencia, seis de ellos vienen de la cumbre pasada ¡pero no se demanda si quiera un análisis de su ejecución para ver cuál es el punto de partida y cuál el punto concreto de llegada!
En ese sentido, una de las grandes limitantes es una agenda de cumplimiento dispersa, que no se articula de una cumbre a otra, que además se relaciona muy poco con las grandes agendas globales como los ODS, y que no tiene un seguimiento real y consistente, no como ejercicio individual de cada Cumbre, sino como mecanismo permanente y articulado entre Cumbres y en alineación con otros escenarios de la OEA como las asambleas y sus resoluciones. Esta, podría decirse, es una limitante de carácter institucional del sistema hemisférico. Que dificulta no sólo la implementación de los acuerdos por parte de los gobiernos, también el seguimiento por parte de la sociedad civil, e imagino que de la OEA misma.
En lo que respecta al tema específico de género, es necesario mencionar que los resultados de las Cumbres no cuentan con una transversalización del tema de género, por una disputa ideológica a mi modo de ver equivocada que muchos países siguen teniendo por el rechazo a la interseccionalidad; y porque la concepción de género muchas veces se toma de forma binaria, sin incluir las diversidades sexuales. Esta, me parece, es una limitante de disputa ideológica que sigue afectando de forma grave el avance de los derechos de las mujeres, incluyendo a las mujeres trans, y de las personas con orientaciones de género y sexuales diversas.
Ahora bien, en relación con los cumplimientos vistos desde una mirada nacional, considero que hay cuatro tipos de limitantes. Por restricciones de tiempo no podré profundizar en ninguna de éstas, pero teniendo en cuenta la suma de los casi 170 mandatos únicamente en las últimas dos Cumbres, quizás podemos centrarnos en uno muy específico que está en el corazón de este evento: el punto #7 del Compromiso de Lima que buscaba identificar avances en acciones para promover la equidad e igualdad de género en las políticas anticorrupción. La mayor parte de lo que mencionaré provienen del informe especial sobre género y corrupción realizado por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, que es una iniciativa implementada por los Capítulos de Transparencia Internacional en el continente en articulación con el Foro Ciudadano de las Américas y Redlad, centrado en 19 países del continente:
i) Debilidad institucional y problemas estructurales. En el caso central de la equidad de género, hay prácticas culturales, institucionales, que están desafortunadamente en el corazón de nuestras estructuras políticas, económicas y sociales.
- En el desarrollo de marcos normativos, instituciones y acciones concretas, las políticas públicas de la región no han puesto foco en la igualdad en la participación de mujeres y colectivos LGBTIQA. Sólo un 30% de los países cuentan con disposiciones para la promoción de la equidad e igualdad de género en las políticas anticorrupción.
- Existen, por supuesto, buenas prácticas en México, Argentina, Costa Rica, Colombia y Perú; que están centrados en: comités de participación que tienen llamado a la equidad de género en su conformación, perspectivas de género como base de estrategias nacionales de integridad, y promoción de paridad en planes de gobierno abierto (36 países de OGP han desarrollado 89 promesas de género). Pero estas son las excepciones.
- Nuestros sistemas judiciales necesitan empezar a actuar sin prejuicios y estereotipos discriminatorios, garantizando el acceso igualitario a la justicia para mujeres y personas/grupos LGBTIQA. El barómetro global de la corrupción del 2019 señala que las mujeres son más vulnerables a pagar sobornos para acceder a servicios de salud, y aquellas con menos recursos a pagar sobornos por servicios judiciales. La pequeña corrupción afecta más a las mujeres pobres, a quienes además en ocasiones se les pide pagar sobornos en forma de favores sexuales. Esto unido a que solamente una de cada 10 mujeres que pagaron un soborno lo denunció a las autoridades, porque en general las personas piensan que las denuncias realizadas por hombres tienen mayores posibilidades de seguimiento. Estos son sin duda problemas estructurales en nuestros sistemas de justicias, y en la práctica administrativa y política.
ii) Desarrollo desigual entre países y baja cooperación intra-hemisférica que haga que los avances en algunos países puedan empujar a otros. Esto es especialmente importante para países en los que los avances en equidad de género se han venido eclipsando, y en algunos casos desapareciendo, por la acción de actores políticos con mirada restrictiva y hasta fundamentalista, de las mujeres y sus derechos.
iii)Falta de voluntad política para realizar transformaciones indispensables, pero además para articular las agendas. Se requiere una férrea voluntad política para que las políticas de equidad de género identifiquen acciones anticorrupción, y para que las políticas anticorrupción adopten medidas que tengan en cuenta los impactos diferenciados en las mujeres y personas sexo/orientación diversa, lo cual implica la inclusión de un enfoque de interseccionalidad. Esto pasa, también, porque se pueda incorporar una perspectiva de DDHH en las medidas que articulen el enfoque de género y lucha contra la corrupción más allá de una mirada binaria.
b. ¿Cómo aprovechar estos espacios de encuentro entre los diversos actores para potenciar el empoderamiento de mujeres y niñas de cara a la Cumbre de las Américas 2025?
Hay múltiples ventajas de oportunidad que pueden tenerse en cuenta:
- Que pueda hacerse una revisión de avances de las cumbres anteriores con mirada de género e interseccional. Esto generaría capacidades en las organizaciones de SC y en los colectivos de mujeres. Así como en la Cumbre del 2018 en Lima se incluyó el acuerdo #7 ya mencionado, en el Plan sobre democracia y gobernabilidad, se incluyó uno muy parecido “Promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, así como la inclusión de mujeres y niñas, pueblos indígenas, afrodescendientes, minorías, personas LGBTQI+ y poblaciones vulnerables y marginadas en las medidas anticorrupción, desde el proceso de planificación hasta la implementación y evaluación”. Lo ideal sería que se partiera de una evaluación del compromiso #7 (Redlad-OCC hicieron ya uno inicial que ponemos a disposición ), y sobre eso se establezcan los puntos de atención prioritaria para este mismo.
- Ahora, esta revisión debe tener en sí misma un liderazgo profundo de las mujeres, y de las/os grupos que pueden legítimamente avanzar en la mirada interseccional. Los grupos que ya existen hace años en el marco de la OEA y los espacios de participación de sociedad civil, como las coaliciones, pueden ser un nicho central de seguimiento y articulación. La coalición de Abya Yala, por ejemplo, lleva hace ya varios años organizando de forma anual un encuentro de liderazgo femenino indígena, que podría brindar valiosa información para los seguimientos. Por otro lado, las coaliciones afro, la de salud de las mujeres, entre otras, pueden avanzar en ayudar a hacer la transversalización de género y la aplicación práctica de la mirada interseccional. Muy importante traer estos liderazgos a los esfuerzos, evitando que personas por fuera de los colectivos quieran usurpar los espacios que solo a ellos/ellas corresponden.
- Si a esto se suma la presentación y socialización de los resultados de dichos seguimientos de forma amplia e incidente, como punto central para la construcción de agendas para la próxima Cumbre que pueda dar cuenta de las articulaciones con el pasado: esto es, resaltar acuerdos ya incluidos, poner sobre la mesa temas específicos no tratados o casos específicos de buenas y malas prácticas, se podría cerrar un poco la limitante institucional con la que empecé mi intervención la ronda pasada.