Foto: Archivo Congreso de Morelos
Por: Laura Becerra – DECA, Equipo Pueblo*
El Día Internacional de las Mujeres, siempre nos convoca a la reflexión colectiva, al balance de lo que hemos conseguido para erradicar las brechas de género, la exclusión y discriminación en todos los ámbitos de la vida, particularmente el referido a la participación política, que es inhibida de manera sistemática, muchas veces a través de la violencia. Por la vigencia y gravedad del problema, hoy queremos recordar los hechos, las medidas e instrumentos que se han producido desde los espacios multilaterales, asumidos por los Estados, particularmente en nuestra región de América Latina, donde la incansable lucha de las feministas y de los movimientos de mujeres, han sido fundamentales.
La larga trayectoria de las mujeres en el mundo y la región para hacerle frente a las distintas modalidades de la violencia de género, han dado lugar a diversas iniciativas e instrumentos internacionales que los Estados de la región han adoptado, dirigidos hacia la equidad, el ejercicio de derechos de las mujeres, incluyendo el de la participación política, sin ser objeto de descalificaciones y/o agresiones.
Según la CEDAW la expresión “discriminación contra la mujer” denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.[1]
La violencia contra las mujeres en el ámbito político posiblemente ha existido desde el mismo momento en que entraron al espacio público, pero es hasta hace muy poco tiempo que se ha reconocido su existencia y se han visibilizado otras formas de violencia de género que apenas se están “desnaturalizando”, como violencia que experimentan las mujeres en diverso ámbitos (relaciones de pareja, espacios educativos o públicos…).
La violencia política se entiende: “como todas aquellas expresiones físicas, verbales o simbólicas ejercidas por personas, grupos o instituciones que tengan por objeto el detrimento o perjuicio de cualquier persona, grupo o institución que por razones de cualquier relación de poder político, impliquen un obstáculo para el ejercicio de los plenos derechos políticos establecidos legal y legítimamente.” (Talancón, Jaime) La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, sexual, moral, patrimonial, económica y/o hasta feminicida.
Hoy el balance indica que aún no se logra revertir la discriminación de las mujeres; las desigualdades que mantienen las brechas de género; la violencia de género sigue siendo una afrenta inadmisible y la equidad en la participación política –entre hombres y mujeres– está muy lejos del 50-50 (leyes de cuotas) que muchos países de América Latina han colocado como horizonte o desafío.
En el 2015 –en el tiempo en el que se debatía la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible-, ONU Mujeres lanzó la iniciativa: DEMOS EL PASO por la igualdad de género, por un planeta 50-50 en 2030. ¡Ahora es el momento! Lograr un mundo en el que todas las mujeres y las niñas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos de aquí a 2030.
DEMOS EL PASO pedía a los gobiernos realizar compromisos nacionales para poner fin a la brecha en la igualdad de género, desde leyes y políticas hasta planes de acción nacional e inversiones adecuadas; asumiendo compromisos para abordar las dificultades que impiden progresar a las mujeres y las niñas y alcanzar su pleno potencial.
En la Segunda Reunión de Expertas, convocada por la Comisión para la Integración de la Mujer (CIM) de la OEA, sobre violencia política contra las mujeres (2016), se expresó que ante la magnitud que está alcanzando este tipo de delitos, las participantes evaluaron que sea validada una ley modelo para eliminar la violencia política contra las mujeres.
Particularmente destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, (asumida en septiembre de 2015 en la ONU) que no solo incorporó el Objetivo de Desarrollo Sostenible: ODS 5 para Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, sino que compromete a la Agenda –con sus 17 ODS- a la trasnversalidad de género para alcanzar la igualdad.
Entre las seis metas de ese Objetivo, destaca la 5.5 que prevé “Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.” Además de la 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
Adicionalmente, en octubre de 2016, en Uruguay, los países de América Latina y el Caribe aprobaron la Estrategia de Montevideo para alcanzar la igualdad de género en la región al 2030, que sin lugar a dudas es el principal resultado de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por CEPAL.
La Estrategia de Montevideo comprende 10 ejes para la implementación de la agenda regional de género con un total de 74 medidas. Es una agenda que engloba todos los compromisos asumidos por los Gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres, y la igualdad de género, desde la primera Conferencia Regional realizada en la Habana en 1977 hasta la actualidad.
Dicha Estrategia, reconoce que para alcanzar la igualdad de género es preciso superar nudos estructurales constitutivos de las actuales relaciones desiguales de poder en América Latina y el Caribe. Entre ellos, la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado; y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.
Siguiendo los compromisos, recordamos que el tema central del Día Internacional de la Mujer de 2017, fue “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”. Que se inspira centralmente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a la que todos los Estados miembro se comprometieron.
En la región de América Latina y el Caribe los avances normativos en materia de violencia ya han probado ser insuficientes como estrategia única en la solución del problema (CEPAL, 2012). Por ello si bien se debe procurar las normas vigentes para evitar o en su caso sancionar las conductas que configuran delitos, hay que sumar estrategias que aborden el problema desde una perspectiva estructural. Particularmente en materia de derechos de las mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue avanzando en el concepto de reparaciones transformadoras, que aspira a generar efectos más allá de la reparación del daño sufrido por una mujer concreta y que puede abarcar una amplia gama de acciones.[2]
En una línea similar, el tema fue identificado como una preocupación prioritaria en la reunión del grupo de mujeres parlamentarias de ParlAméricas, una red de legislaturas nacionales de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos. Así, se definió el acoso político como una forma de violencia de género cometida contra personas activas en la vida pública que constituye una barrera fundamental para la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Por tanto se acordó un Plan para Prevenir el acoso y la violencia contra la mujer en la política y estrategias para contribuir a la identificación y sensibilización social sobre un tema que afecta la calidad de la democracia.[3]
El estudio citado analiza las normas y las políticas que se están impulsando desde los Estados de la región de América Latina y el Caribe para abordar otras formas de violencia todavía invisibilizadas, como la violencia política en razón del género, que están menos presentes en el debate público y que, sin embargo, contribuyen a mantener la estructura de discriminación de género que reproduce la violencia más extrema. Otras formas de violencia que socavan la autonomía de las mujeres en sus distintas dimensiones: violencias en los procesos reproductivos que impactan en la autonomía física; violencias mediáticas y simbólicas reproducidas en el discurso público, que restringen la autonomía política; y violencias en ámbitos sociales, educativos y laborales, que limitan el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres.[4]
Por tanto hoy nos toca exigir la ratificación de los acuerdos e instrumentos aludidos-asumidos por nuestros Estados, y como sociedad civil defenderlos y difundirlos para que las mujeres puedan ejercer libremente y sin riesgos, su derecho a la participación política, para ser parte de las decisiones estratégicas.
EL CASO MEXICANO
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[1] En 1979 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Esta Convención compromete a los Estados miembros a eliminar la discriminación contra las mujeres y avanzar hacia la igualdad sustantiva en todas las esferas de la vida pública y privada.
[2] Otras formas de violencia contra las mujeres que reconocer, nombrar y visibilizar; Asuntos de Género, Natalia Gherardi, CEPAL, Cooperación Española, Noviembre 2016, p 31
[3] Idem, p. 27
[4] Idem, p. 5
